Información sobre la legislación comunitaria

Principio básico

El derecho de establecimiento en cualquier país de la Unión, ya sea como independiente o como asalariado, se obtiene sobre la base del reconocimiento de su título. En caso de simple prestación de servicios, la Directiva ha establecido procedimientos simplificados en lo que se refiere a la autorización e inscripción requeridas.

Ámbito

El reconocimiento de su titulación sólo es obligatorio y automático si usted posee un título obtenido en un Estado miembro y previsto en la Directiva. Por tanto, sólo es obligatorio y automático para todos los Estados miembros si el título permite ejercer la medicina general o una especialidad médica común a todos los Estados miembros y mencionada como tal en la Directiva. Para los títulos de médicos especialistas que no son comunes más que para algunos Estados miembros, pero que se mencionan como tales en la guía, el reconocimiento sólo es automático y obligatorio para esos Estados miembros. Para las demás especializaciones no cubiertas por la Directiva o cubiertas únicamente por el Estado miembro de acogida, el reconocimiento es obligatorio e individual pero sólo se obtiene una vez que el Estado miembro ha procedido a una comparación entre la formación obtenida en el Estado miembro de origen y la que puede obtenerse en el Estado miembro de acogida. En su caso, puede exigirse una formación complementaria.

En algunos casos especiales, en concreto en caso de formación antigua adquirida en algunos Estados miembros antes de la aplicación de las directivas, o de distinta denominación del título, éste podrá acogerse al reconocimiento en determinadas condiciones.

La Directiva no prevé el reconocimiento de una formación obtenida en un tercer país. No obstante, cada Estado miembro puede reconocer una formación de tal naturaleza. En tales casos, el reconocimiento únicamente vincula al Estado miembro que lo concede y sólo es válido en su territorio.

Las autoridades del Estado miembro de acogida disponen de un plazo de 3 meses para tramitar su solicitud de acceso a la actividad. En caso de denegación, la decisión debe ser motivada y susceptible de recurso jurisdiccional interno.