Los Estados miembros no pueden imponer ninguna condición que pueda llevar a una discriminación de los ciudadanos de la UE que no sean nacionales o que pueda restringir el derecho de los ciudadanos de la UE a acceder a un empleo. Por ejemplo dentro de un Estado miembro no se permitirán acciones tales como establecer procedimientos especiales de contratación para ciudadanos (extranjeros de la Unión Europea) comunitarios, limitar o restringir la publicación de vacantes en la prensa o en cualquier otro medio de manera que los ciudadanos (extranjeros) comunitarios tengan menos oportunidades de informarse, e imponer condiciones de inscripción en las oficinas de empleo o requisitos de residencia para poder acceder al empleo.