Todo trabajador de la UE tiene derecho a desempeñar una actividad como empleado en cualquier Estado miembro, independientemente de su lugar de residencia, en las mismas condiciones que los nacionales (1).

El principio de igualdad de trato a la hora de acceder al empleo significa que los trabajadores de la UE tienen la misma prioridad que los nacionales cuando se trate de acceder a un empleo en cualquier Estado miembro. Por consiguiente, cuando en un Estado miembro se supedite la concesión de cualquier subsidio a que las empresas empleen a un porcentaje mínimo de trabajadores nacionales, los ciudadanos de la UE deben considerarse como tales.

Además, la legislación comunitaria ordena que cualquier cláusula de un contrato colectivo o individual o de cualquier otra reglamentación colectiva sobre la idoneidad para un puesto de trabajo, el empleo, la remuneración y otras condiciones de trabajo o de despido no sería válida mientras estableciera o autorizara condiciones discriminatorias con respecto a los trabajadores que sean nacionales de otros Estados miembros.