Son las que provienen de los diferentes Gobiernos Autonómicos, siendo su cuantía, al igual que sus
presupuestos, más escasos. Su finalidad básica es complementar a las ayudas estatales, o bien suplir la ausencia de éstas en algunos supuestos (incentivos territoriales, ayudas a la creación de empleo, apoyo logístico en infraestructuras, etc.).

Con carácter general, la gestión de estas ayudas, así como gran parte de las estatales, son
desarrolladas y tramitadas por los Servicios Territoriales de la comunidad autónoma destinataria de la inversión, en aplicación del principio constitucional de descentralización de la administración pública.

Ello supone una clara ventaja desde el punto de vista del inversor, puesto que cada Gobierno Autónomo está especialmente sensibilizado e interesado en dar las mayores facilidades para atraer a su territorio aquellas inversiones que ofrezcan alicientes para la economía o el tejido industrial y social de esa comunidad autónoma.

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